Declaración final del Congreso Nacional en Defensa de la Educación Pública - XIII Latinoamérica Educa
27 | SEP | 16

 

Los estudiantes y sus representaciones gremiales que participamos de este “Congreso Nacional en Defensa de la Educación Pública”, acordamos trabajar en UNIDAD una AGENDA que nos permita superar las urgencias inmediatas y estructurales que se ciernen sobre el sector gremial en particular y sobre el sistema universitario, científico y tecnológico en general

El Sistema Universitario y sus actores, los estudiantes, docentes, no docentes, científicos y egresados y sus gremios, así como también autoridades y diversos sectores sociales vinculados a la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología que nos hemos reunido en el “Congreso Nacional en Defensa de la Educación Pública - XIII LAE” queremos manifestar que nos encontramos duramente golpeados por las medidas adoptadas en lo macroeconómico y político en general, y en lo educativo, científico y tecnológico en particular durante esta primera etapa del nuevo gobierno.

Consideramos que venimos de varios años de conquistar políticas de Estado que apostaron al fortalecimiento del Sistema Universitario, Científico y Tecnológico, a la expansión de la matrícula universitaria, a la creación de universidades públicas, a la recomposición salarial docente y nodocente, a la repatriación de más de 1200 científicos e investigadores, a la creación del MinCyT, y a la ponderación del presupuesto educativo que alcanzó el %6,7 del PBI. Durante los últimos años, éstas y otras medidas permitieron un aumento exponencial de la matrícula universitaria y de la oferta académica, así como también la ampliación del sistema universitario en sí mismo que abrió la discusión acerca del rol de las Universidades Públicas Nacionales y su función en el marco de los procesos de desarrollo de la Soberanía Nacional, la Independencia Económica, la Justicia Social y la Integración de nuestro país hacia esquemas alternativos Regionales y Mundiales.

Sin embargo, la sociedad en general y los actores de la Universidad Pública en particular hoy nos encontramos con un panorama muy poco alentador. La situación es crítica.

En el actual contexto de apertura indiscriminada de las importaciones, cierre de empresas, desmantelamiento de los parques industriales, despidos masivos, inflación, merma del consumo, aumento desmedido de las tarifas de los servicios públicos, y pérdida del poder adquisitivo, así como también el aumento en el precio de boletos de transporte generalizado, los crecientes niveles de especulación inmobiliaria con su consecuente impacto en los alquileres, vuelve a colocar a los factores económicos como responsables y protagonistas principales del más triste fenómeno social que puede atravesar masivamente a los estudiantes: la deserción, el desgranamiento, la pérdida de la condición de estudiante, sentido como derrota y como fracaso, que echa por tierra la posibilidad de contar con más y mejores científicos y profesionales para el desarrollo nacional y las demandas de conocimiento, ciencia, técnicas y tecnologías que urgen a la humanidad.

En el ámbito universitario, desde el principio del corriente año, las medidas adoptadas por el actual Gobierno Nacional atentan contra el rumbo de inclusión, crecimiento y compromiso del Sistema Universitario para con el desarrollo general de nuestro país: los Convenios entre el Estado y las Universidades Públicas anulados han dejado a cientos de estudiantes y docentes sin la posibilidad de continuar con infinidad de proyectos de investigación, extensión y transferencia; los aumentos de tarifas para los servicios públicos han generado una profunda crisis financiera-presupuestaria en la mayoría de las Universidades debido a que el presupuesto aprobado el año pasado por el Congreso Nacional no preveía los actuales índices de inflación, devaluación y aumento tarifario; la Decisión Administrativa 519/2016, publicada por el Boletín Oficial del PEN dispuso dejar de girarle a las universidades públicas, instituciones culturales y de enseñanza un total de $878.877 millones del Tesoro Nacional que la Jefatura de Gabinete tenía para esos fines, y transferirlo a las provincias en concepto de “asistencia financiera” y “gastos corrientes”. También hay que destacar que en varias provincias mermó hasta en un %50 el caudal de fondos nacionales destinados al Programa PROGRES.AR, que se redujo al menos en un %5 la emisión de Becas PNBU y PNBB, así como también se atrasó el pago de varios programas de becas por supuestos “errores técnicos”. 

Actualmente, el crédito presupuestario aprobado en el 2015 que corresponde al ejercicio 2016 de la Administración Nacional destinado a las UUNN así como también el Programa “Desarrollo de la Educación Superior” que gestiona la Secretaría de Políticas Universitarias sólo se han ejecutado en un 57-58% aproximadamente. Además, el presupuesto asignado para cubrir gastos de funcionamiento, aún cuando fuera ejecutado en tiempo y forma, no es suficiente para afrontar el aumento en las tarifas de servicios y los costos generales que implican el normal funcionamiento de las instituciones universitarias. Advertimos que en consecuencia varias Universidades Nacionales han declarado la Emergencia financiera-presupuestaria o están a punto de hacerlo.

Es por esto que la Propuesta Presupuestaria 2017 para las UUNN nos resulta absolutamente insuficiente. Porque no contempla los recortes de los programas-contrato, porque las metas físicas de Becas destinadas a Estudiantes de Bajos Recursos disminuyeron de 23.019 en el año 2015 a 14.350 para el 2017, porque el %35 de aumento planteado está muy por debajo de los índices de inflación actuales y proyectados.

Es en este marco que la Educación Universitaria Pública está siendo nuevamente increpada, al igual que en los años ‘90, a dar respuesta por los altos niveles de deserción y la tasa de graduación desde concepciones neoliberales eficientistas y elitistas expresadas principalmente por los principales referentes del actual gobierno nacional. Sus objetivos son construir las condiciones de legitimidad para cuestionar el ingreso irrestricto y la gratuidad en la Educación argentina, y avanzar en el corto a mediano plazo sobre una propuesta de ingreso fragmentado por ingresos económicos y meritocrático como primer paso hacia un Sistema Educativo Superior, tomando como ejemplo el modelo norteamericano, que vulnera el Derecho Universal a la Educación y que pondera a las Universidades Privadas y sus intereses. Pretenden un sistema universitario público vaciado, desfinanciado, fragmentado, desvinculado de los intereses nacionales y articulado por los intereses de las empresas transnacionales, mientras impulsan el crecimiento del sistema privado, expresión genuina de su concepción educativa. 

Frente a esta concepción educativa neoliberal opusimos la enorme y masiva movilización del 12 de mayo del corriente año, en defensa de la educación pública, que evidenció la contundente capacidad de convocatoria social que tienen las agrupaciones estudiantiles, docentes y no docentes alrededor de la defensa de sus intereses comunes. Y es por ello que, en continuidad, los estudiantes y sus representaciones gremiales que participamos de este “Congreso Nacional en Defensa de la Educación Pública”, acordamos trabajar en UNIDAD una AGENDA que nos permita superar las urgencias inmediatas y estructurales que se ciernen sobre el sector gremial en particular y sobre el sistema universitario, científico y tecnológico en general, y seguir avanzando sobre nuevas conquistas: Aumento del Presupuesto 2017 para las Universidades Públicas Nacionales; Reforma de la Ley de Educación Superior 24.521; Nueva Ley de Financiamiento Educativo que eleve al %10 del PBI la inversión estatal en Educación; una Ley de Derechos Estudiantiles que garantice la responsabilidad del Estado en el cumplimiento del Derecho a la Educación en sus instancias de ingreso, permanencia y egreso, tanto en lo económico como en lo académico; Ley de Empleo para Jóvenes Profesionales en pos de combatir la precarización laboral y promover la inserción y el trabajo digno; Plena Implementación de la Ley Intercultural Bilingüe; y finalmente transferir el Día del Estudiante del 21 de septiembre al 16 de septiembre en homenaje a las luchas históricas del movimiento estudiantil que tienen un hito en la desaparición de los dirigentes estudiantiles que fueron desaparecidos en la trágica “Noche de los Lápices”.

Sin embargo, es importante destacar que la génesis de nuestros problemas actuales es estructural. El proyecto de país que impulsa este gobierno nada tiene que ver con los intereses populares, y en consecuencia, mucho menos que ver con una Universidad Inclusiva, Masiva y Popular, enteramente al servicio de los intereses de las mayorías Latinoamericanas/Suramericanas. 

Las y los estudiantes terciarios y universitarios de Argentina nos reconocemos hijos e hijas de trabajadoras y trabajadores, obreros, técnicos y profesionales, pequeños y medianos empresarios y productores, y por lo tanto asumimos que nuestras posibilidades materiales y espirituales de sostener la condición de estudiante depende no sólo de las condiciones intrínsecas del Sistema Universitario CyT, sino también de la situación general del país, la región y el mundo. 

Este complejo escenario nos presenta la difícil pero necesaria y alegre tarea de construir una alternativa política nacional y popular que pueda plantearse nuevamente un proyecto de país, y el cúmulo de voluntades necesarias para hacer de ello una efectiva realidad.

Entendemos este Congreso como parte de las expresiones de Unidad que las organizaciones populares venimos construyendo en esta última etapa para recuperar espacios en la política, poniendo por delante los intereses del pueblo, y reconociendo la heterogeneidad de historias y de identidades por las que está compuesto. No es tiempo de sectarismos ni de adelantar discusiones, es tiempo de Unidad para defender la Educación Pública, los intereses populares y las conquistas históricas.

Estamos profundamente convencidos de que para estar a la altura de estos desafíos que se presentan es urgente seguir convocando y convocándonos a construir el tiempo y los espacios colectivos que permitan la participación y la organización masiva, que nos sinteticen en una visión como Pueblo, que exprese e impulse esfuerzos constantes y compromisos profundos de mayorías populares organizadas, que defiendan fervientemente las conquistas históricas, que se planteen un presente de unidad, lucha, batalla y victorias, que nos permitan pensar, soñar y alcanzar un futuro más digno, más justo, más humanista y solidario.

 

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